El nuevo Plan de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria: impacto en los Precios de Transferencia

La Agencia Tributaria tiene previsto desplegar una estrategia a partir de 2022 para extender el uso de las técnicas de análisis del comportamiento del contribuyente dentro de la propia organización de la Administración, con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario. En este sentido, según las directrices generales del Plan de Control Tributario 2022 publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la Agencia creará un grupo de trabajo encargado de definir las prácticas internas que ya incorporan estas técnicas, cómo mejorarlas e identificar nuevas áreas y procesos en los que puedan aplicarse, teniendo en cuenta tanto su propia experiencia en este ámbito como la de otras administraciones tributarias, todo ello basado en el enfoque de "behavioral insights" de la OCDE para la acción pública.

En relación con la fiscalidad internacional, apartado destacado por su importancia, un año más, se prevé continuar con la “estrategia 360º” en materia de precios de transferencia, buscando el cumplimiento íntegro de los distintos procedimientos que afecten a un mismo contribuyente garantizando así el cumplimiento tributario.

En el centro de esta estrategia se encuentra el nuevo sistema automatizado de análisis de riesgo de precios de transferencia diseñado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en colaboración con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y que ya está plenamente operativo en 2022, que reúne toda la información nacional e internacional disponible sobre la materia, y que se actualiza periódicamente con nuevas fuentes. Este sistema permitirá identificar patrones de comportamiento fiscal de alto riesgo.

Seguidamente, las Autoridades Tributarias velarán por la correcta aplicación de estas normas partiendo del refuerzo que la jurisprudencia de la UE ha hecho en relación con las medidas antiabuso y, en concreto, teniendo en cuenta la aplicación de las exenciones sobre pagos de dividendos, intereses y cánones a no residentes.

Finalmente, atendiendo a la lucha contra los territorios y regímenes que favorecen las conductas elusivas y evasivas, las Autoridades Tributarias proponen velar por la correcta aplicación de las normas “antielusión” existentes en la normativa interna, incorporando a partir de ahora la información recibida en 2021 sobre el cumplimiento del requisito de actividad sustancial, previsto en el desarrollo del proyecto BEPS. No es otra cosa que un nuevo intercambio promovido por el Foro dela OCDE sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales, en el que los territorios con tipos impositivos nulos, cero o muy bajos del Impuesto sobre Sociedades facilitan a los países de origen de las empresas matrices o de los beneficiarios efectivos información sobre las entidades con sede en esos territorios que realizan actividades que pueden deslocalizarse fácilmente en el extranjero.